El procurador Alejandro Valderas presenta enmiendas a la totalidad de la Ley de Pesca y recuerda que la simple prohibición de la práctica no asegura su precuperación

El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Alejandro Valderas, ha exigido este jueves la retirada del proyecto de la Ley de Pesca al entender que es necesario que incluya todos los aspectos relativos a la Conservación del Patrimonio Natural.

Se trata, afirmó Valderas, de una Ley desastrosa y prescindible, ya que generaliza de tal forma las prohibiciones que atenta contra el propio fin de la ley, que es la pesca. Asimismo y con estas premisas, a las que se suma la falta de regulación de centros de acuicultura, que son vitales para la repoblación, y la falta de algún epígrafe destinado a la recuperación medioambiental o una promoción de este tipo de turismo, Valderas reclama una nueva redacción de esta Ley, porque “el texto perjudica un sector que bien podría convertirse en un recurso de empleo en el mundo rural”.

Según recuerda Valderas, la simple prohibición de la pesca no asegura su recuperación, porque es sólo uno de los motivos que provocan la disminución de especies piscícolas. El favorecimiento del turismo de pescadores foráneos, tampoco se impulsa desde esta ley, ya que se limita a ofrecerle cupos o tramos de pesca que hasta ahora utilizaban pescadores locales; ni siquiera se menciona el Plan Estratégico de Turismo que se está redactando.

Asimismo denuncia que el tratamiento que se da a las asociaciones de Pescadores supone de hecho la marginación de muchos de las actuales radicadas en el mundo rural; precisamente aquellas que pueden realizar una mayor labor de conservación y vigilancia de la pesca.

En cuanto al aspecto de la señalización, el leonesista señala que la Junta pretende multar a quien no la conozca en un claro abuso de autoridad dado que ni siquiera se alude a la posibilidad de que dicha señalización conste en un mapa virtual de fácil acceso telemático.

“La facilidad con que la Junta se atribuye todas las competencias, dejando al margen las de las demás entidades locales (Ayuntamientos y Juntas Vecinales), resulta sospechosa y puede dar lugar a conflictos competenciales”.

En último lugar quiso Valderas recordar el gran número de alegaciones presentadas en contra de esta Ley, 200 de particulares, acompañadas de 4.000 firmas, 30 de entidades del sector, 19 de Administraciones locales y otras 6 de otras entidades, “lo que deja claro la falta de consenso entre el legislador y los sectores afectados”, y por eso pedimos la dimisión de Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, como responsable de un atentado más a los intereses de los leoneses.